El despiporre nacional

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El país en el que vivimos es este en el que un conocido general de división, Juan Chicharro Ortega, en situación de reserva desde 2010, se estrena como responsable de la única institución que exalta y defiende a la dictadura, amparada por leyes de intención torcida impensables en otros países europeos: la controvertida Fundación Francisco Franco, dedicada a ensalzar la dictadura y su máximo protagonista y a custodiar secretos oficiales con dinero público. Una delirante irregularidad, pero una más, nada que induzca ya a escándalo alguno y aunque lo hiciera, total para qué.

El general que ahora va a presidir esa excrecencia del sistema democrático es bien conocido por sus destemplanzas e insultos a gobiernos autonómicos que tienen sus propio abogados, parlamentarios y hasta comunicadores para defenderse; si no lo hacen es cosa suya. Basta rastrear en la red sus actuaciones por mucho que ahora mismo se desdiga de algunas de ellas, como las relacionadas con el Ejército y Cataluña, y diversos separatismos: «En caso de crisis o más bien quiebra constitucional el Rey puede adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad constitucional» «La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley».

Por esas declaraciones pronunciadas en un acto en un casino militar o paramilitar le abrieron una investigación, lo que en este país en la práctica equivale a echar tierra encima, que en su caso se saldó con la dimisión del general aceptada por el marcial Perico Morenés.

Ese general ha estado destinado en puestos muy cercanos al monarca en excedencia, ayudante de campo nada menos. La sacrosanta Transición obliga.  Si esa fundación no estuviera sostenida con dineros públicos, el ex general y sus aguerridas tropas fundacioneras podrían hacer lo que les viniera en gana, con dinero de sus bolsillos y dentro de los límites de esa estricta legalidad tan reclamada en los últimos tiempos por un Gobierno que hace con ella confetis por la puerta de atrás en sectores que sí son de vital importancia para la ciudadanía como la fragilidad de las economías familiares a costa de la pimpante salud de la banca, la mediocridad manifiesta del mercado laboral, el negocio inmobiliario de nuevo,  la amenaza cierta al sistema de pensiones público tal y como viene sancionado en la Constitución… El actual régimen político español no garantiza nada de lo que constituye un elemental estado social del siglo XXI. Pero el caso es que esa exaltación del franquismo y la dictadura se hace con dineros que, junto a muchos otros que han ido a parar a bolsillos privados, se están cicateando a los pensionistas a los que encima se les multa cuando se manifiestan.

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Raperos condenados a cinco años de cárcel en total, eurodiputados   amenazados de muerte en un monumento algo más que religioso como es el mausoleo del dictador de donde hay familiares de víctimas del golpe militar que no pueden retirar los restos de los suyos; falangistas declarados –así se presentaron a la pugna de las urnas–  reciclados en jueces que juzgan a raperos levantiscos; abogados en ejercicio que cuando vestían uniforme redactaron condenas a muerte a sabiendas de que el proceso estaba viciado y que fueron ejecutadas, como la de Salvador Puig Antich; jueces contaminados por sus relaciones familiares o que hacen alarde de autoritarismo y de parcialidad política tras haber sido atrapados en una situación que para otros sería plenamente delictiva y motivo de sanción como es la conducción sin casco y en estado de ebriedad.

         «¡Viva la Pepa!», no, no hay Pepa, y lo que no hay, por el momento, es una nueva Constitución del Estado… Que viva en cambio el despiporre nacional, el nuestro. Que vivan la charanga, la pandereta y hasta el almirez, que salgan a escena las corsarias con su banderita y bailen con ella hasta el agotamiento, un despiporre y un lastre que induce al sálvese quién pueda en la medida en que un frente común de oposición es hasta ahora no una utopía, sino una engañifa.

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