Comer pipas

PROHIBIDO COMER PIPAS 3719

Mal asunto el de comer pipas delante de la fuerza pública porque parece que, al arbitrio del uniformado que tengas enfrente, te pueden meter una multa de mil euros (1 000 €), como acaba de suceder en Murcia, con un ciudadano llamado Paco el Carnicero, que estaba protestando junto con muchos otros por el asunto de las vías soterradas del TAV, que tienen a la población sublevada desde hace tiempo: desordenes graves… por las pipas, porque se ve que sin ellas no hubiesen sido tan graves.

Paso por alto las confusas circunstancias concretas de los hechos –reseñadas «con la debida confusión» en la denuncia que se ha hecho pública– para fijarme en las pipas y sus mondas, y en la única manera onomatopéyica y Psittacoidea (relativa a los loros) –clas, clas, clas, tuf–, que conozco de consumirlas, estés o dejes de estar en presencia, alejada como es el caso, de uniformados.

Es un hecho en apariencia insólito, pero que no desentona de una tónica general del disparate nacional que no cesa, que nos hace reír y llorar, y que, sobre todo, nos va amedrentando poco a poco. ¿Quién decide que la forma de comer pipas del ciudadano es «desafiante» y, en consecuencia, acreedora de ser multada? ¿Cuál es el precepto legal que habla del comer pipas en público? ¿Cuál es la forma singular del desafío en el arte de comer pipas y cuál la forma del común que debe ser, imagino, sumisa, modesta y dócil? ¿Hay una forma obligatoria del comer pipas? ¿Es solo las pipas, o también otros comistrajos pueden ser tomados como desafío a la autoridad, figura esta que no está en las leyes? Me gustaría saberlo porque lo kafkiano hace mucho que irrumpió en nuestras vidas salvo para los que aplauden a Kafka y en lo cotidiano alientan, aplauden y sostienen lo kafkiano con su voz y con sus votos, algo muy común en la gente de orden.

         Está claro que a este paso, si un día deciden prohibir y retirar los libros rojos, empezarán por Caperucita roja. Ese y no otro es el nivel de represión que estamos viviendo: arbitrariedad, Celtiberia show sin horario de cierre, caza del ciudadano porque sí y porque no, escatología, disparate… los pequeños demonios de la incultura andan sueltos, los de un pervertido principio de autoridad también. Prima un concepto venenoso y dañino de la autoridad ligada a la fuerza y no al derecho y al sentido común, una mentalidad cortijera en la que el capataz es más rígido que el amo, un estar convencido de que por el hecho de vestir uniforme la impunidad va aparejada a este.

         Y si, ahora mismo, el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a sentenciar que la Policía está obligada a informar a los detenidos, por escrito y antes del interrogatorio, de los hechos que se les atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su detención, no es por otra razón que porque se había producido una detención sin las debidas garantías. De lo contrario no hubiese habido reclamación alguna. Garantías, ley positiva, nada de interpretaciones arbitrarias, nada de «actitudes», sospechas o predicciones.

         La ley Mordaza, y su pegajoso entorno de tela de araña jurídica, obvía el camino procesal de las detenciones y acusaciones, llevando al ciudadano a la arbitrariedad e indefensión más absoluta, como es la vía administrativa en la que, en la práctica, tienes poco que hacer y mucho que perder.

         De las canciones y las palabras aladas de las redes sociales (lapos tabernarios es posible) a las pipas callejeras que hay que consumir de manera modosa como monagos en cine parroquial con película de miedo, que esa es la que nos van echando, por mucha risa que a ratos nos dé, los motivos de ser multados proliferan tanto que al final sobrarán, que esa es la idea, mucho me temo. No dejan otro recurso que la chanza cuando la denuncia de la gravedad del estado de cosas resulta ineficaz. Está visto que, de la misma manera que para orinar en campo abierto hay que cuidarse de no hacerlo en contra del viento, para comer pipas en la vía pública hay que mirar bien mirado si no tienes uniformados en los alrededores.

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El despiporre nacional

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El país en el que vivimos es este en el que un conocido general de división, Juan Chicharro Ortega, en situación de reserva desde 2010, se estrena como responsable de la única institución que exalta y defiende a la dictadura, amparada por leyes de intención torcida impensables en otros países europeos: la controvertida Fundación Francisco Franco, dedicada a ensalzar la dictadura y su máximo protagonista y a custodiar secretos oficiales con dinero público. Una delirante irregularidad, pero una más, nada que induzca ya a escándalo alguno y aunque lo hiciera, total para qué.

El general que ahora va a presidir esa excrecencia del sistema democrático es bien conocido por sus destemplanzas e insultos a gobiernos autonómicos que tienen sus propio abogados, parlamentarios y hasta comunicadores para defenderse; si no lo hacen es cosa suya. Basta rastrear en la red sus actuaciones por mucho que ahora mismo se desdiga de algunas de ellas, como las relacionadas con el Ejército y Cataluña, y diversos separatismos: «En caso de crisis o más bien quiebra constitucional el Rey puede adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad constitucional» «La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley».

Por esas declaraciones pronunciadas en un acto en un casino militar o paramilitar le abrieron una investigación, lo que en este país en la práctica equivale a echar tierra encima, que en su caso se saldó con la dimisión del general aceptada por el marcial Perico Morenés.

Ese general ha estado destinado en puestos muy cercanos al monarca en excedencia, ayudante de campo nada menos. La sacrosanta Transición obliga.  Si esa fundación no estuviera sostenida con dineros públicos, el ex general y sus aguerridas tropas fundacioneras podrían hacer lo que les viniera en gana, con dinero de sus bolsillos y dentro de los límites de esa estricta legalidad tan reclamada en los últimos tiempos por un Gobierno que hace con ella confetis por la puerta de atrás en sectores que sí son de vital importancia para la ciudadanía como la fragilidad de las economías familiares a costa de la pimpante salud de la banca, la mediocridad manifiesta del mercado laboral, el negocio inmobiliario de nuevo,  la amenaza cierta al sistema de pensiones público tal y como viene sancionado en la Constitución… El actual régimen político español no garantiza nada de lo que constituye un elemental estado social del siglo XXI. Pero el caso es que esa exaltación del franquismo y la dictadura se hace con dineros que, junto a muchos otros que han ido a parar a bolsillos privados, se están cicateando a los pensionistas a los que encima se les multa cuando se manifiestan.

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Raperos condenados a cinco años de cárcel en total, eurodiputados   amenazados de muerte en un monumento algo más que religioso como es el mausoleo del dictador de donde hay familiares de víctimas del golpe militar que no pueden retirar los restos de los suyos; falangistas declarados –así se presentaron a la pugna de las urnas–  reciclados en jueces que juzgan a raperos levantiscos; abogados en ejercicio que cuando vestían uniforme redactaron condenas a muerte a sabiendas de que el proceso estaba viciado y que fueron ejecutadas, como la de Salvador Puig Antich; jueces contaminados por sus relaciones familiares o que hacen alarde de autoritarismo y de parcialidad política tras haber sido atrapados en una situación que para otros sería plenamente delictiva y motivo de sanción como es la conducción sin casco y en estado de ebriedad.

         «¡Viva la Pepa!», no, no hay Pepa, y lo que no hay, por el momento, es una nueva Constitución del Estado… Que viva en cambio el despiporre nacional, el nuestro. Que vivan la charanga, la pandereta y hasta el almirez, que salgan a escena las corsarias con su banderita y bailen con ella hasta el agotamiento, un despiporre y un lastre que induce al sálvese quién pueda en la medida en que un frente común de oposición es hasta ahora no una utopía, sino una engañifa.

La canallada del día (Carlos Cuesta)

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Me temo que de nada serviría decir que quien tal cosa afirma es un canalla, porque falta de manera estrepitosa a la verdad entre otars cosas, con auténtico dolo, ni siquiera que ha escrito una página más de la Historia de la Infamia nacional. No, los insultos están de más, mejor reflexionar en que ese personaje no está solo en esa trinchera de reescritura de la historia a conveniencia de los criminales de entonces y de sus herederos de hoy. No hay infamia que con el aplauso debido no se convierta en verdad revelada. Creo que los familiares de las víctimas deberían querellarse, con pocas expectativas todo hay que decirlo, pero cuesta admitir que algo así pueda quedar impune.